Comprar en España, sin rodeos explicado

Sí. España no exige que el comprador sea residente, ciudadano de la UE ni titular de un permiso especial. Se sigue el mismo proceso ante notario y Registro de la Propiedad, con un NIE para cada comprador.

No. A fecha de agosto de 2026, la propuesta no se había convertido en ley y no se aplicaba ese recargo. Podría volver al debate político, así que compruebe el estado fechado en lugar de confiar en un titular antiguo.

No. La residencia para inversores inmobiliarios en España terminó el abril de 2025. Tener una vivienda y disponer de permiso para residir son ahora cuestiones separadas, así que empiece por la vía de residencia que encaje con su vida, no por el precio de compra.

En la Costa del Sol, una vivienda de segunda mano suele añadir alrededor de 8 %–10 % y una de obra nueva, alrededor de 12 %–13 %. Los tipos de la Costa Blanca son distintos, así que use la calculadora para la costa y la modalidad correctas, no una media única para toda España.

No como comprador particular de una vivienda. El tipo del 2 % está reservado a profesionales de la reventa que cumplen el límite de precio y el plazo de reventa. Una compra estándar de segunda mano tributa al tipo general del 7 %, salvo que usted pueda acogerse a otra reducción específica.

El NIE es el número de identificación y fiscal que necesita un comprador extranjero, y cada cotitular debe tener el suyo. La tasa oficial es de 12 €; puede solicitarlo en un consulado español o encargar el trámite a un abogado mediante un poder apostillado.

No es el documento que le convierte en propietario, pero facilita mucho la compra y los meses posteriores. Los suministros, el IBI y las cuotas de comunidad pueden pagarse por domiciliación, y a menudo un abogado puede abrir la cuenta con un poder adecuado.

Sí. Un poder bien redactado y apostillado puede cubrir el NIE, la cuenta bancaria, los contratos y la firma ante notario. Limite las facultades a la compra y pida a su propio abogado que le explique exactamente qué puede firmar.

Una compra al contado suele tardar 6–12 semanas y una compra con hipoteca, 8–16 semanas. El plazo exacto depende de las comprobaciones jurídicas, la documentación del vendedor y el banco. Un objetivo rápido nunca debe recortar la diligencia debida.

La reserva suele ser de 3000 €–6000 € y retira brevemente la vivienda del mercado mientras comienzan las primeras comprobaciones. Las arras suelen equivaler al 10 % del precio y fijan el compromiso hasta la firma, por lo que su abogado debe aprobar el texto antes de que usted firme.

Según Article 1454 of the Civil Code, las arras penitenciales habituales obligan a ambas partes. Si usted desiste, pierde las arras; si desiste la parte vendedora, devuelve 2 veces su importe. El contrato puede cambiar los detalles prácticos, así que su abogado debe confirmar la cláusula antes de mover dinero.

Sí. La financiación para no residentes suele alcanzar 60 %–70 % del menor valor entre el precio y la tasación. Prevea aportar en efectivo 30 %–40 % del precio, además de los gastos de compra. Empiece antes de presentar una oferta, porque la aprobación suele tardar 8–12 semanas.

La exposición al tipo de cambio suele concentrarse entre las arras y la firma, un periodo que normalmente dura 30–90 días. Un contrato a plazo puede fijar el cambio durante ese intervalo, y conviene preparar la documentación sobre el origen de los fondos antes de cualquier transferencia importante.

Su propio abogado debe cotejar el Registro de la Propiedad y el Catastro, revisar el planeamiento y las licencias de ocupación, y obtener el certificado de deuda con la comunidad. La responsabilidad por deudas comunitarias puede alcanzar el año en curso y los 3 anteriores, de ahí la importancia del certificado y de las actas recientes.

Es el extracto del Registro de la Propiedad que muestra el titular registral, la descripción, las hipotecas y las cargas. Sí, su abogado debe obtener una copia actual e independiente antes de que usted entregue una suma importante y cotejarla después con la vivienda física y el Catastro.

En España, la inspección técnica habitual en el norte de Europa no forma parte de todas las compraventas de segunda mano. Eso no significa que sea innecesaria. En una vivienda antigua, reformada o situada en una ladera, una inspección independiente puede responder preguntas que el expediente jurídico no resuelve.

Prevea el IBI municipal y una declaración Modelo 210 de no residente aunque no alquile la vivienda. El tipo sobre la renta imputada es del 19 % para residentes de la UE y del EEE, y del 24 % para propietarios de fuera de la UE. Se aplica sobre una pequeña base del valor catastral, no sobre el precio de compra.

Es posible, pero compruebe el edificio y el municipio concretos antes de contar con esos ingresos. A fecha de agosto de 2026, una vivienda turística andaluza solía necesitar 2 inscripciones y la aprobación expresa de la comunidad por 3/5. Las restricciones locales aún pueden impedir el alquiler.

Para un visitante de fuera de la UE sujeto a la regla Schengen, el límite es de 90 días dentro de cualquier periodo móvil de 180. Tener una vivienda no amplía ese plazo. Cuente los viajes por todo el espacio Schengen, no solo por España.

Una vivienda de segunda mano paga el ITP autonómico, mientras que una obra nueva estándar paga 10 % de IVA más el tipo de AJD de la costa correspondiente. La segunda mano puede escriturarse antes y ofrecer más margen de negociación; la compra sobre plano aporta una entrega por fases y garantías legales. Compare todo el proceso, no solo el precio del folleto.

Cada pago a cuenta debe contar con su propio aval bancario o seguro conforme a Ley 38/1999 as amended by Ley 20/2015. Si no se produce la entrega acordada, esa protección permite recuperar el importe garantizado con intereses. No acepte nunca la promesa de que el aval llegará más adelante.

Puede ser seguro, pero la revisión urbanística no es un trámite. A fecha de agosto de 2026, el proceso para sustituir el plan anterior seguía en curso tras su anulación, por lo que su abogado debe confirmar la situación exacta de la vivienda y la promoción.

En las zonas más demandadas, el margen negociado habitual ha rondado 3 %–7 %. Superar 10 %–12 % es poco frecuente y una vivienda bien valorada puede no bajar nada. Tómelo como contexto, no como una regla para la propiedad que tiene delante.

Normalmente, la parte vendedora paga la comisión, que suele rondar 5 % más 21 %. Las agencias comparten buena parte de la oferta de la costa, por lo que un buen experto local suele poder mostrarle viviendas de distintos vendedores. Ashworth & Drake le presenta a ese experto, en lugar de venderle una cartera propia.

Para una vivienda de uso personal, una sociedad suele añadir gestión sin ahorrar impuestos de compra y puede complicar las bonificaciones sucesorias. Algunas sociedades de jurisdicciones no cooperativas también afrontan un gravamen anual del 3 %. Úsela solo si su propio asesor fiscal puede señalar una razón empresarial real.

Un testamento español limitado a los bienes situados en España suele simplificar los trámites, y usted puede elegir la ley sucesoria de su nacionalidad conforme a EU Regulation 650/2012. En Andalucía, los familiares cercanos pueden disponer de una reducción de 1.000.000 € por heredero y una bonificación del 99 %, pero la declaración debe presentarse dentro de 6 meses.

Cubren los gastos comunes del edificio o la urbanización. Una comunidad modesta puede costar unos 50 €–150 € al mes, mientras que una con todos los servicios puede llegar a 300 €–600 € o más. Pida el presupuesto vigente, el fondo de reserva, el certificado de deuda y las actas recientes para detectar derramas previstas antes de comprar.